La guerra de los carteles

El cartel de Cali era una especie de cooperativa de 12 o más grupos de traficantes. Tenía una jerarquía de mando más firme que la del cartel de Medellín, métodos empresariales más modernos y había evitado enfrentarse violentamente con el Gobierno.

Por Manuel Salazar Salvo

A fines de los años 80, Colombia se convulsionaba en una lucha fratricida. Los carteles de Medellín y de Cali no se daban tregua, sembrando calles y caminos de explosiones y muertos. La policía, el Ejército y varias de las agencias de inteligencia de Estados Unidos redoblaban sus esfuerzos para frenar la violencia y detener el creciente tráfico de drogas hacia las principales capitales del mundo (ver Capítulo IV, “El debut de los colombianos”, LND del 15 de abril de 2007).

El 18 de agosto de 1989 fue asesinado el político liberal Luis Carlos Galán, el favorito para ser el próximo Presidente. En los días siguientes se realizaron cientos de allanamientos y se detuvo a diez mil personas, mientras Washington ofrecía enviar tropas, inquieto, además, por el poder de fuego de las guerrillas de izquierda y las bandas de ultraderecha, que empezaban a forjar alianzas con los narcos.

Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, advirtió que morirían diez jueces por cada colombiano extraditado a Estados Unidos.

A fines de septiembre, el embajador norteamericano agregó leña al fuego al entregar una lista de 12 senadores y diputados vinculados al narcotráfico. El senador Juan Slo declaró: “Todo el que en Colombia haga política, directa o indirectamente está vinculado con el narcotráfico. Todos hemos recibido ayuda de los narcos y todos nos hemos sentado en los clubes al lado de ellos”.

El 6 de diciembre, un camión con una tonelada de dinamita explotó en Bogotá, junto al cuartel central de la policía secreta, el Departamento Administrativo de Seguridad. El atentado dejó 40 muertos, más de mil heridos, decenas de automóviles destruidos y un edificio de 12 pisos en ruinas.

Entre 1985 y 1990, en Medellín, una ciudad de 2,2 millones de habitantes, hubo más de 23 mil asesinatos. En 1990 se registraban 20 muertes diarias por armas de fuego, y sólo entre abril y agosto fueron asesinados más de mil jóvenes y 300 policías. El país entraba en una espiral sangrienta que nadie podía detener.

Escobar, en tanto, comenzaba a perder la batalla contra los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los capos del cartel de Cali, por el control de los mercados internacionales de la cocaína.

La organización caleña había logrado establecer acuerdos con las mafias italianas para abrir rutas de distribución a través de España, Portugal, los Países Bajos, Checoslovaquia y Polonia. La agencia de control de drogas norteamericana, la DEA, calculó que en 1990 ingresaron cerca de 180 toneladas de cocaína a Europa. Y si en 1984 se incautaron 900 kilos de cocaína en todos los países del Viejo Continente, en 1990 la cifra había subido a 17 toneladas.

Los análisis de Interpol explicaban el interés de los colombianos por ingresar a Europa: en 1990, un kilo de cocaína costaba entre 11 mil y 23 mil dólares en Estados Unidos, entre 27 mil y 35 mil en España, y entre 41 mil y 94 mil dólares en Alemania.

La DEA también sabía que los hermanos Rodríguez Orejuela tenían cerca de tres mil funcionarios en todo el mundo, muchos en calidad de “células dormidas”.

“Los miembros de una célula no saben lo que hacen los integrantes de otra. Para cada tarea hay designadas distintas personas. El cartel manda a alguien a un lugar del mundo y le encarga abrir un negocio legal. Esa persona se queda allí y espera su misión. Quizá su única labor sea la colaboración positiva. Hemos confiscado libros donde se explica cómo tienen que actuar los residentes. Deben alquilar una casa, levantarse por las mañanas, ir al trabajo, cortar el pasto los sábados, saludar a los vecinos, etc. Llevar una vida lo más normal posible, pero en algún momento su negocio servirá para contrabandear drogas o blanquear dinero. Operan como agentes de un servicio secreto, y a veces pertenecen a la organización durante cinco o diez años antes de entrar por primera vez en acción”, explicaba por ese tiempo un agente de la DEA a periodistas alemanes.

El cartel de Cali era una especie de cooperativa de 12 ó más grupos de traficantes. Tenía una jerarquía de mando más firme que la del cartel de Medellín, métodos empresariales más modernos y había evitado enfrentarse violentamente con el Gobierno.

En vez de los pequeños aviones y lanchas que utilizaban los traficantes de Medellín, los de Cali preferían vías más lentas pero más seguras, como los embarques marítimos de café, chocolates, madera y frutas. Las estructuras de distribución y venta estaban rigurosamente controladas para evitar la infiltración de informantes, y los posibles compradores tenían que ser aprobados personalmente, previo depósito de una cuantiosa fianza.

Álvaro Guzmán, un sociólogo de la Universidad del Valle de Cali que seguía de cerca las evoluciones del cartel, definía sus diferencias con el cartel de Medellín: “Uno es el capitalista salvaje representado por Pablo Escobar, que tiene su propio ejército y se cree dueño del país. El otro, el de Cali, es el gerente moderno, que trata de acomodarse con el poder político y que opera dentro del Estado igual como la Mafia en Estados Unidos”.

Una fuga y dos versiones

Al promediar 1991, el Presidente colombiano, César Gaviria (1990-1994), declara que la guerra se ganará o perderá en la justicia, y crea un sistema especial de “jueces sin rostro”, protegidos de amenazas y sobornos. También ofrece a los narcos rebajar sus penas y les garantiza que no serán extraditados. La condición es que se entreguen, confiesen sus crímenes y devuelvan las ganancias mal habidas.

El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar acepta la oferta y se entrega a la justicia con 14 de sus principales lugartenientes, pero pone como condición ser llevado a La Catedral, una prisión que él mismo se había construido en Envigado, su localidad natal.

La opinión pública se divide: unos creen que se ha cedido ante los criminales; otros consideran que es una salida para terminar con tanta violencia. Washington, por su parte, decide aumentar la presión. Una investigación del Senado norteamericano denuncia que en la isla caribeña de Antigua, mercenarios británicos e israelíes han estado entrenando a los “soldados” del cartel de Medellín en tácticas y operaciones terroristas.

Casi un año después, el 22 de julio de 1992, tras pagar 1,5 millones de dólares en sobornos, Escobar y sus hombres se fugan de La Catedral, eludiendo un férreo cerco de policías y militares. En las inmediaciones les esperan más de 70 esbirros, armados incluso con cohetes tierra-aire. En los minutos siguientes se pierden en la selva.

Dos versiones intentan explicar la huida: una señala que fuerzas de elite del Ejército norteamericano intentarían secuestrar a Escobar; la otra apunta a una rebelión del segundo mando que había quedado a cargo del cartel. En cualquier caso, un día después, “Dakota”, vocero de Escobar, anuncia en Radio Caracol: “La guerra ahora será a fondo, contra nuestros enemigos de Cali y contra los altos dignatarios del Gobierno”.

Cientos de sicarios salieron a las calles en sus motos a cazar policías. Los jefes militares del cartel de Medellín pagaban con gruesos fajos de dólares por cada uniformado muerto. En tanto, Los Pepes (Perseguidos por Escobar), una organización formada por el cartel de Cali, también ofrecía elevadas sumas de dinero por las cabezas de los lugartenientes del capo de Antioquia. Las víctimas se contaron por cientos en el año 1993.

Finalmente, el 2 de diciembre, a los 44 años de edad, Pablo Escobar fue abatido en su refugio, tras ser sorprendido por una unidad militar de elite que seguía sus pasos.

El período más cruento de la guerra de los carteles llegaba a su fin. El de Medellín entraba en una etapa de dispersión. El de Cali, en cambio, aunque algo dañado, mantenía casi intactas sus estructuras. No obstante, en ese momento se inició un proceso de dispersión de las organizaciones criminales colombianas que se agudizaría hasta inicios del siglo XXI. Cuatro nuevos carteles habían ya crecido a la sombra de la lucha entre Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, los de la Costa, de Bogotá, de Pereira y de Villavicencio.

El diablo pasa la cuenta

El 7 de agosto de 1994 asumió como Presidente de Colombia el liberal Ernesto Samper. Cinco meses después, en enero de 1995, el Mandatario fue acusado de haber financiado su campaña con aportes del cartel de Cali. El escándalo se agravó cuando se supo que el jefe policial a cargo de las fuerzas que perseguían a los Rodríguez Orejuela, el coronel Carlos Velásquez, había sido filmado en un motel en brazos de una supuesta informante, en verdad una infiltrada de la agrupación mafiosa.

En mayo, una denuncia periodística dejó en evidencia que el cartel de Cali pagaba los gastos de decenas de personajes públicos que frecuentaban uno de los hoteles más lujosos de Cali. Parlamentarios, jueces y funcionarios estatales, además de figuras de la televisión y del espectáculo, disfrutaban de fiestas y banquetes a cuenta de los narcotraficantes. En agosto, la corrupción salpicó a quien había sido contendiente de Samper, el conservador Andrés Pastrana Arango, quien sería años después Presidente de la República (1998-2002) y más tarde, a partir de 2005, embajador de Colombia en Washington.

Los esfuerzos de la DEA para acabar con el cartel de Cali tuvieron su recompensa en 1995. El 9 de junio cayó Gilberto Rodríguez Orejuela; el 19 de junio, Henry Loaiza Ceballos; el 24 del mismo mes, Víctor Julio Patiño Fomeque, responsable de los embarques; el 4 de julio, José Santacruz-Londoño, el número tres, y el 6 de agosto, Miguel Rodríguez Orejuela.

Pese a ello, la producción de drogas se mantuvo, sumándose incluso miles de hectáreas dedicadas al cultivo de adormidera para elaborar heroína. Los capos de Cali seguían dirigiendo el tráfico desde prisión.

Y mientras los tentáculos de los carteles seguían extendiéndose hacia todos los continentes, las semillas de corrupción que habían plantado durante años empezaban a florecer en todas las esferas del acontecer local.

En enero de 1996, el ex jefe de campaña y ex ministro de Samper, Fernando Botero, reconoció la relación con el cartel de Cali. Enseguida, los 15 principales gremios empresariales del país pidieron en una declaración pública la renuncia del Mandatario. Se supo entonces que el Jefe de Estado se había reunido cuatro días antes de su elección con emisarios de los Rodríguez Orejuela. La ley colombiana establecía un máximo de cinco millones de dólares para gastar en las campañas presidenciales; Samper había dispuesto de 18 millones.

En mayo, un nuevo escándalo cayó sobre el Gobierno cuando la Fiscalía General de la Nación ordenó el arresto del procurador general, Orlando Vásquez Velásquez, ex ministro del Interior, ex embajador en Chile y ex senador. Vásquez fue acusado recibir dinero y dádivas del narcotráfico. Por el mismo proceso estaban detenidos Botero, siete congresistas liberales y varios otros dirigentes.

Ese mismo mes, el Instituto de Medicina Legal entregó un nuevo balance trágico: en 1995 se habían registrado 39.375 muertes violentas, una cada 20 minutos, 70 al día. De ellas, más de 30 mil correspondían a homicidios.

El 11 de julio, la Casa Blanca decidió cancelar la visa para viajar a Estados Unidos a Samper, “por proteger los intereses de los carteles de la droga”. Y cuando el gobernante aún no terminaba de protestar, el 20 de septiembre la policía descubrió tres kilos de heroína ocultos en el avión presidencial, poco antes de que despegara hacia España para una visita oficial.

Armas desde Ecuador

Con 70 mil hectáreas de cultivo, Colombia desplazó a mediados de los ’90 a Bolivia como segundo productor mundial de hojas de coca, y se ubicó detrás de Perú. Esas plantaciones le permitían producir entre 500 y 700 toneladas anuales de cocaína. Los cultivos de amapola, por su parte, ocupaban 20 mil hectáreas, situándose como el primer productor latinoamericano, por encima de México y Guatemala. Los cultivos de cannabis, estancados desde fines de los años 70, repuntaron de manera explosiva.

La detención o rendición de la mayoría de los líderes de los carteles de Medellín y Cali dejó paso a medio centenar de organizaciones de mediana importancia, a las que había que sumar unas dos mil empresas familiares dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Al mismo tiempo, las guerrillas, enfrentadas al aislamiento internacional como resultado del derrumbe de los regímenes comunistas y sin posibilidad de alcanzar el poder, optaron por mantenerse mediante los recursos generados por las drogas. Enfrentadas a ellas, los grupos paramilitares de extrema derecha, apoyados a menudo por el Ejército, colaboraban estrechamente con los narcotraficantes.

Lo que en Colombia llaman “paramilitarismo” se organizó de manera muy estructurada en torno a dos familias: los Castaño y los hermanos Carranza. Carlos Castaño era el líder de la Autodefensa de Córdoba y Urabá, aliados del cartel de Cali y con creciente dominio en la zona norte del país luego de los golpes sufridos por la organización de los Rodríguez Orejuela. Su organización asumió la dirección de las principales bandas criminales y la industria del secuestro de Medellín.

Los Carranza, por su parte, propietarios de minas de esmeraldas y de grandes explotaciones ganaderas, pasaron a controlar parte del centro de Colombia.

La unión de estos dos grupos formó un cinturón de control político y administrativo desde la región amazónica, en las fronteras con Venezuela y Brasil, hasta la costa atlántica. Esa situación permitió a los Castaño y a los Carranza apoderarse de unos 3,5 millones de hectáreas, casi un tercio de las mejores tierras agrícolas del país.

Los Castaño planearon entonces construir un proyecto político contrainsurreccional de extrema derecha, para lo cual disponían del apoyo de sectores políticos y empresariales colombianos.

De todas los nuevas organizaciones que irrumpieron en la escena colombiana, la más importante pasaría a ser el cartel del Norte del Valle, asentado en el valle del Cauca, al suroeste del país, y dirigido por los hermanos Orlando y Arcángel Henao, a la cabeza de un temible ejército de pistoleros y que declaró una guerra sin cuartel a los hermanos Rodríguez Orejuela después de que éstos se rindieran.

La entronización de los Henao se vio facilitada por la alianza con el grupo paramilitar dirigido por Carlos Castaño. Su influencia militar, que se extendía ya a todo el noroeste de Colombia, se amplió a gran parte del litoral del Pacífico, de la frontera con Panamá a la de Ecuador. Por lo tanto, las rutas de exportación de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos y Europa tuvieron menos obstáculos que franquear. Asimismo, las armas llegaban a los paramilitares y a los narcos por las mismas rutas, especialmente desde Ecuador.

El Gobierno de Samper toleró las actividades de Carlos Castaño y los pistoleros del cartel del Norte del Valle en la medida en que, con el apoyo del Ejército, hacían frente a las guerrillas y, de manera general, a todas las manifestaciones de oposición de izquierda.

Casi sin darse cuenta, los políticos colombianos, cada vez más comprometidos con las organizaciones criminales, sirvieron la mesa a fines del siglo XX para que los paramilitares de derecha y los guerrilleros de izquierda empezaran a controlar la producción de drogas, las rutas y los laboratorios. Los viejos traficantes, en tanto, empezaban a blanquear sus dineros, invirtiendo en los países vecinos, en las costas del Mediterráneo y en las más grandes transnacionales del planeta. LND