Por primera vez, Estado tendrá que reparar a víctimas de Pablo Escobar

Se trata del caso de Gerardo Arellano, quien falleció en la bomba al avión de Avianca en 1989.

En una decisión adoptada por la Unidad de Víctimas y dentro del marco de la Ley 1448 de 2011, por primera vez el Estado colombiano reconoce a las víctimas de Pablo Escobar como víctimas del conflicto armado.
Federico Arellano, abogado especialista en derechos Humanos y presidente de la Fundación Colombia con Memoria, luego de una batalla jurídica de largo aliento, logró ser reconocido como la primera víctima del capo de cartel de Medellín.
Su padre, el reconocido tenor vallecaucano, Gerardo Arellano, murió en la bomba del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, y que cayó en la Hacienda Canoas, en inmediaciones del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Estas personas, además de ser reconocidas como víctimas, tendrán derecho a reclamar una indemnización por vía administrativa, tal y como lo dispone la ley de víctimas y restitución de tierras. “Quiénes se consideren víctimas y deseen ser reparadas pueden acudir a la Unidad para las víctimas, rendir su declaración y esperar el trámite”, explicó Arellano.

Así mismo, la Fundación Colombia con Memoria realizará unas jornadas de sensibilización y orientación a partir de noviembre próximo, con el fin de que los solicitantes cuenten con éxito en el resultado del reclamo de sus derechos.

La entidad calcula en más de 50 mil las víctimas de Escobar y su organización criminal, entre la década de los 80 y comienzo de los 90.
El 27 de noviembre de 2013 la Fundación Colombia con Memoria realizará un evento conmemorativo en el cual se sembrarán 107 árboles en el lugar donde cayó el avión de Avianca, luego de explotar en el aire.

“Se trata de rendir un homenaje a nuestras víctimas en el lugar que otrora sirvió del peor de los escenarios del terrorismo y que ahora se convierte en un campo de esperanza y renacer”, dijo Federico Arellano.

En cuanto al proceso penal, el jurista indicó que “hay un extraño tufillo en el estancamiento del crimen ya elevado al rango de lesa humanidad y por ese motivo se tomaron acciones disciplinarias y de orden penal para investigar a los funcionarios que conocían del caso ya que no existe explicación jurídica alguna para que a las víctimas no se les de respuesta de los avances procesales”.

REDACCIÓN JUSTICIA